Políticas de niñez: Argentina rinde examen ante la ONU

El órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño está sesionando en Ginebra desde la semana pasada y evaluará mañana el caso argentino. Además de la presentación oficial, se tratará un “informe alternativo” elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, que La Pulseada adelantó en su edición de mayo. Queda claro que la situación de niños y adolescentes deja mucho que desear.

Argentina es uno de los ocho países evaluados por “expertos independientes” en el 54° período de sesiones del Comité de los Derechos del Niño, órgano creado por la Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en noviembre de 1989. Además de asumir responsabilidades sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, los estados están obligados a rendir cuentas cada cinco años. 2010 vuelve a ser el turno de la Argentina. Y en esta ocasión, aprovechando la posibilidad abierta en el sistema internacional de presentar “informes alternativos”, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria decidió remitir su propia versión, centrada en la situación de la Provincia de Buenos Aires, donde la mitad de los menores de 18 años son pobres y a su vez, en la mitad de esos casos, la pobreza es extrema.
Las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes, la profunda vulnerabilidad social de los sectores pauperizados, la legislación penal juvenil, el abuso de la prisión preventiva, las pésimas condiciones en los lugares de encierro y las cotidianas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, son algunos de los temas del revelador “informe alternativo” que la revista La Pulseada adelantó en exclusiva. La conclusión es que “no se cumple con los estándares internacionales mínimos” que establecen tratados y leyes vigentes.
“El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria ha demostrado un incumplimiento sistemático por parte del Estado provincial, no sólo de las leyes provinciales, Constitución nacional y provincial sino también de las convenciones internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional en nuestro país”, afirman los autores del informe alternativo.
Más de cuatro años después de su sanción, no se puso en práctica la legislación de promoción y protección de derechos “pensada por amplios sectores de la sociedad” que reemplazó al régimen del Patronato. “Los órganos protectorios de derechos que pensaba el sistema no se crearon (defensor de los derechos del niño, observatorio social, servicios locales y zonales, etc.) y no se dotó de presupuesto suficiente a su puesta en marcha, siendo su institucionalidad por demás frágil, y más simbólica que concreta en cuanto a programas, recursos y ejecución”. Además, “resulta necesario subrayar que aún hoy, al año 2010 no se ha implementado la figura del Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a casi 5 años de su creación normativa, destacada por el estado argentino como avance en el informe precedente”.
Asimismo, se remarca “la cronicidad en la falta de datos estadísticos confiables, útiles y de acceso público”, en especial sobre la situación de adolescentes en conflicto con la ley, lo que “continua siendo una deuda del estado provincial y nacional“. El Comité contra la Tortura recuerda el esquema básico de 15 indicadores sobre la justicia penal juvenil que, según la organización de naciones unidas para la infancia (UNICEF), “deberían medirse en forma estandarizada y sistemática”. “Ninguno de estos indicadores de medición existen en la Provincia de Buenos Aires ni en Argentina”, lo que permite la actuación discrecional en esa área. Asimismo, señala el informe, esa “falta de información, ya sea por su inexistencia, inaccesibilidad o falta de desagregación, contribuyen a que ´sobre los jóvenes se pueda decir prácticamente cualquier cosa´, aumentando exponencialmente la vulneración de los adolescentes con causas penales, construidos socialmente como un colectivo amenazante sobre el cual se montan las demandas ciudadanas en campañas de ´ley y orden´ y ´mano dura´”.
La denuncia difundida por La Pulseada N° 79, de la que el Estado argentino se notificó oficialmente la semana pasada, también apunta el abuso de la figura de la prisión “preventiva”. Según el informe, “si bien el poder judicial no elabora ni publica los datos referidos a la condición procesal de las personas menores de edad, se han sistematizado por cuenta propia los datos de personas detenidas en Centros Cerrados y de Recepción, dando por resultado que para junio de 2009 más del 70% de las plazas del sistema de encierro penal estaban ocupadas por adolescentes bajo la figura de prisión preventiva. Sólo un 5% se encontraba en situación de juicio o ya condenados, estando el resto de la población en la etapa inicial de detención”. En síntesis, hay un “uso indiscriminado y generalizado de las plazas disponibles para la privación de libertad como receptáculo de adolescentes, amparados bajo el principio de presunción de inocencia pero encarcelados ´preventivamente´, por plazos que deberían ser excepcionales, transformados así esta modalidad y extensión en regla”.
Las críticas del informe también recaen sobre las condiciones de encierro y la actitud pasiva de las autoridades, que desoyen e ignoran las denuncias presentadas. Finalmente, la presentación del Comité contra la Tortura dedica un apartado especial al caso de Luciano Arruga, cuya historia contó la revista La Pulseada en marzo pasado. Se trata de un joven que está desaparecido desde la madrugada del 31 de enero de 2009. Tenía 16 años y sobrevivía en un barrio humilde de La Matanza, donde el Estado está prácticamente ausente. La responsabilidad del Destacamento de la zona en su desaparición es evidente, pero el personal policial sigue en funciones.
“Los abogados que patrocinan a los familiares de Luciano manifiestan que existe una gran morosidad en el curso de la investigación y que aún no se han iniciado investigaciones penales por nuevos delitos que se desprenden del expediente, aún habiéndose detectado graves situaciones, tal como adulteraciones de los registros de la comisaría, tachaduras, hojas arrancadas o corregidas, resultantes de las pericias obrantes en la causa”. El documento que será estudiado entre mañana y el jueves en el comité de las Naciones Unidas concluye con la referencia a este caso paradigmático: “El poder ejecutivo ha desoído y tomado una actitud de absoluta inacción respecto del caso de Luciano Arruga. Sólo a modo de ejemplo cabe destacar que nunca contestó los pedidos de informe de la defensa de Luciano, así como el gobernador provincial jamás accedió a recibir a los familiares. Por otra parte, el poder judicial aún no caratuló la causa como desaparición forzada de personas, sino simplemente de averiguación de paradero. A casi 30 años de la restauración del orden constitucional en Argentina, lamentablemente aún existen niños y adolescentes que desaparecen a manos de la fuerzas del estado, bajo el régimen democrático del estado de derecho”.