Los desalojos de comunidades originarias no se detienen

Hace tres años rige en Argentina una emergencia sobre los territorios que ocupan las comunidades indígenas ancestrales. Prohibía los desalojos y ordenaba al Estado hacer un mapa de la situación dominial aborigen, para regularizarla con la entrega de títulos comunitarios. Pero la Gendarmería y las policías provinciales siguen expulsando comunidades. Y el relevamiento, que debería estar listo la semana próxima, nunca se concretó.

En 2006, la ley nacional 26.160 declaró en 2006 “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u organismo provincial competente”, y dispuso dos medidas tendientes a regularizar la situación dominial de estos pueblos: suspender por cuatro años los desalojos a comunidades incluidas en la emergencia y realizar, en los primeros tres años de su vigencia, “el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”. Tal relevamiento corría por cuenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Para instrumentarlo, cubrir honorarios profesionales y concretar los programas de regularización dominial, se creó un fondo especial de 30 millones de pesos. La revista platense La Pulseada intentó acceder a ese censo, pero no existe. Ni siquiera hay un documento que dé cuenta del trabajo, según informó un funcionario jerárquico del área de Tierras y Personería Jurídica que pidió mantenerse en reserva. Peor aún, la misma fuente admitió que ni siquiera tienen un borrador informal donde se haya ido volcando el trabajo ordenado y presupuestado.
Los laxos tiempos del INAI agravan un cuadro nacional de gran concentración y avance empresarial sobre la tierra y los recursos naturales, por un lado, y urgencia indígena por el suelo propio, por el otro. En Río Negro, recién a principios de este año comenzó a hablarse del relevamiento, porque con las herramientas legales provinciales muchas comunidades mapuches no lograron ni el reconocimiento de la “posesión precaria” de las tierras que ocupan, lo que no les permite tomar créditos ni producir.
En Orán, Salta, tampoco tienen noticias del censo. Allí, casi toda la población indígena (predominantemente wichí) se hacina bajo el sol ardiente en asentamientos urbanos de una miseria difícil de describir, condición sólo mitigada por los mangos, cuyos frutos tapizan el suelo, perfuman y dan de comer. Mientras, el chaco salteño es el campo de juego de pujantes madereros, sojeros y petroleros. Y el ingenio azucarero San Martín del Tabacal (hoy timoneado por la estadounidense Seaboard Corporation) cultiva cítricos y caña de azúcar en más de 70.000 hectáreas de la zona.
Según informa la edición de este mes de La Pulseada, en Chaco hubo algunas conversaciones y armado de equipos de trabajo, pero se avanzó poco y la información es dispersa. “En nuestra comunidad venimos trabajando desde el ’94, conseguimos plata de afuera e hicimos convenios para mensurar las tierras. Algunos tienen títulos de propiedad pero, por ejemplo, en 25 hectáreas viven varias familias. O como yo, que vivo en 100 hectáreas pero somos 23 familias”, cuenta Víctor Gómez, referente de la Comisión Zonal de la Tierra.
Chaco abarca casi 10 millones de hectáreas. Cuando se reformó la Constitución en 1994 se acordó que, como reparación histórica, el Estado provincial restituiría a las tres etnias de la zona un millón de hectáreas. Hasta 2005, las tierras entregadas no llegaban a la mitad y las escrituradas, ni a un cuarto, según datos del Instituto de Colonización de la Provincia recuperados por el Instituto Nacional de Cultura Popular (INCUPO).
Mientras tanto, mientras la ley 21.160 prohibió por cuatro años la expulsión de las comunidades en las tierras que tradicionalmente ocupan, los desalojos que la infringen son moneda corriente en todo el país, favorecidas por la connivencia entre distintos niveles del Estado (que pone a disposición sus fuerzas de seguridad) y empresarios variopintos. En un informe publicado en la última edición de La Pulseada se repasan algunos casos grotescos. En Chaco, por ejemplo, la familia indígena Adriani–Berdún de Pampa del Indio posee hace más de 50 años el territorio donde vive y produce. Este año apareció una señora nunca antes vista en la zona, blandiendo un título de propiedad del mismo predio y acusándolos de usurpación. La fiscal de la causa resolvió desalojar a la familia, por cualquier medio, para otorgarle la propiedad a la demandante.