El nuevo Régimen Penal Juvenil fue aprobado en general por el Senado nacional el 8 de julio. La iniciativa generó un amplio debate entre las organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia. En un amplio informe publicado en su edición de septiembre, La Pulseada recoge la mayoría de esas opiniones. Si bien la norma deroga el Regimen Penal de la Minoridad firmado por Videla, también baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Algunos creen que es la ley más garantista posible, pero todos coinciden en la raíz del problema: el encierro no resuelve nada si continúa la violación sistemáticamente los derechos básicos de los pibes.El régimen penal juvenil es una de las tantas legislaciones que aún rigen desde la dictadura. Al igual que la vergonzosa ley de radiodifusión, tan nombrada en los últimos días. El miércoles 8 de julio, con pocos periodistas presentes y el pánico por la Gripe A, el Senado aprobó en general y por unanimidad, el nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 18. El proyecto, que aún debe pasar por Diputados, fue consensuado por varios bloques y por eso no contó con votos en contra.
Si bien es cierto que en la Nación rige una ley de promoción y protección de derechos para los jóvenes, similar a la de la provincia de Buenos Aires, todavía está vigente el decreto ley 22.278 “Régimen Penal de la Minoridad” de la dictadura de Videla, que quedaría derogada si la iniciativa votada el 8 de julio finalmente se convierte en ley. En ese sentido, se trata de un avance en la búsqueda por garantizar los derechos que la Constitución consagra para los chicos en conflicto con la ley penal. Sin embargo, varias actores sociales, entre los que se encuentra la Obra del Padre Cajade, vieron la necesidad de manifestarse contra la baja en la edad de imputabilidad.
Opiniones y matices
Para la Fundación Sur Argentina, presidida por el diputado Emilio García Méndez, destacado especialista en el tema y uno de los impulsores de la reforma, “el proyecto considera a los jóvenes que han infringido la ley penal como sujetos de derecho y de responsabilidades, no bajando la edad de imputabilidad, sino elevando la edad a partir de la cual una persona puede ser juzgada y sancionada a través del régimen penal general previsto para los adultos”. “Eso está muy bien, en eso estamos de acuerdo: sólo a partir de los 18 años puede aplicarse el Código Penal", dice la periodista Claudia Cesaroni de la Agencia Pelota de Trapo e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC): "Lo que se encubre con eufemismos es que la norma aprobada permite que se aplique pena de prisión a los adolescentes a partir de los 14 años. Y nosotros nos oponemos. El Estado debe intervenir, pero no a través de su agencia penal, sino con educación, trabajo, comida, vivienda, salud”.
En el mismo sentido se manifiesta la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez: “el gobierno pretende ‘solucionar’ los problemas de la niñez en conflicto con la ley penal promoviendo políticas de castigo y encierro para niños y niñas, ya enormemente castigados por la carencia en que viven en cuanto al disfrute de sus derechos fundamentales”.
El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes y el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, también criticaron el proyecto: “Es falaz y perverso porque todos sabemos que el sistema penal ha respondido, responde y responderá a las exigencias de una política penal y criminal que el orden social dominante demanda para gobernar el malestar social, persiguiendo a aquellos que el propio sistema capitalista ha decidido expulsar”.
La trabajadora social, docente y militante de Nuevo Encuentro, Emilia Preux, marca algunas deficiencias del proyecto y cuenta su experiencia con los pibes en una casa del niño en Gorina, que la tiene como una de sus principales sostenedoras: “Al rato de leer el proyecto, me fui a la Casita y entre charla y charla me encontré con dos pibes, uno de 21 años y otro de 17 –que hace una semana fue papá. Al rato cayeron otros pibes más chicos, de entre 5 y 12; la mayoría de los padres de esos chicos buscan trabajo y no lo consiguen, no tienen la primaria completa, no tienen servicios, no tienen aportes, no tienen sueldos, no tienen vivienda digna, no tienen comida, no tienen un carajo más que a ellos mismos. Entonces se me cruzo por la cabeza pensar en cómo haríamos para explicarle a un pibe que afanó, a los 14 años, que hay derechos humanos, civiles y sociales que él debe comprender”.
Para el juez Fabián Cacivio, en cambio, no es malo por sí sólo el tema de bajar la edad, si ello va de la mano con una mayor protección y defensa de los derechos del joven que delinque.
El magistrado, que diariamente atiende en su juzgado situaciones vinculadas a menores, cree que “según como se mire, puede ser objetable que la ley baje la edad de punibilidad. Actualmente la punibilidad penal plena es a los 16 años, condenando a los chicos, al igual que a los adultos, con penas graves, como prisión perpetua, etc. Si lo miramos así, la nueva normativa no baja la punibilidad, sino que la sube desde los 16 a los 18. Creando a cambio un sistema de responsabilidad penal especial entre los 14 y los 18, y diferenciando, a su vez, perseguibilidades distintas y montos de penas distintas, en dos franjas etáreas según tengan más o menos de 16 años de edad”.
Diferente es la posición de Javier Frías, activo abogado del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Facultad de Derecho: “Este nuevo sistema propone un nuevo fuero juvenil garantista y progresista repudiando el régimen anterior. Está bien, pero ¿con qué razón se establecen los 14 años como tope? ¿Por qué esa y no otra? Esto de conformar una franja de los 14 a 18 años es ampliar el espectro de la población infanto juvenil para darles una respuesta desde la faz represiva, cuando esa franja puede disminuirse de 16 a 18 y a los menores de 16 dárseles una respuesta desde la promoción de derechos, desde lo social”.
El abogado de la CTA, Marcelo Ponce Núñez, transita el mismo sendero: “Avanzar hacia formas de responsabilización social y psicológica, es decir hacia una justicia restaurativa, es entender que el hecho delictivo expresa la unidad substancial de dos transgresiones: la del niño que actúa transgrediendo la norma jurídica y la del Estado que no actúa eficazmente en términos de intervención a través de políticas sociales. Así devienen necesarias dos respuestas, también substancialmente unidas: la del niño, por su acto, y la del Estado por su no-acto”.
El informe de La Pulseada, elaborado por el periodista Carlos Fanjul, intenta sintetizar un debate abierto entre quienes luchan por los derechos de los pibes y pibas. Una discusión con matices en torno a qué se debe hacer con los menores que delinquen. “La aprobación de este proyecto –concluye el informe- es seguir destinando recursos a la conformación de aparatos represivos para los pibes y no a una crianza con amor y protección. El encierro de por si no resuelve ningún problema, al contrario, crea nuevos. No hay dentro de las instituciones de castigo dispositivos desde los cuales se realicen tratamientos adecuados, se trabaje con el contexto familiar del pibe, se construya un proyecto alternativo que realmente lo integre a la sociedad que lo excluye...”
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