Una mujer lleva más de ochenta días acampando frente a la Gobernación bonaerense. Se refugia y reclama protección. Su calvario comenzó hace 16 años, cuando denunció al “rey” de una telaraña delictiva en el conurbano bonaerense. Cuenta su historia en la última edición de La Pulseada.“Cada día se hace más duro, pero no me queda otra desde que ser testigo me trajo aparejada la desgracia a la familia, hace 16 años, privados de la libertad, con tiroteos en casa, monitoreados… A mi hija la intentaron secuestrar de la escuela”, cuenta entre lágrimas Cristina Valiente de Melo y es imposible resumir su historia de amenazas, tiroteos, secuestros y golpizas salvajes, que la llevó a acampar en la Plaza San Martín, frente a la Gobernación bonaerense, para reclamar respuestas.
La mujer vive un calvario desde que denunció al “Rey de los desarmaderos” en 1993. Y en abril de este año le quitaron la protección que le había otorgado la Justicia. Desde entonces volvió a sufrir ataques, por lo que decidió acampar en la Plaza, según cuenta en la última edición de la revista La Pulseada.
Valiente de Melo es ama de casa, tiene 52 años y cuatro hijos, de 12 a 30 años. Vivió toda su vida en Wilde (Avellaneda), donde hacía sus “desguaces” Elvio Fernández, conocido como “El rey del corte”. “Vivir ahí era ver que cortaban autos nuevos en la calle; no podías pasar porque tenían todo tomado, con total impunidad ─contó a La Pulseada─. A los vecinos nos iban apretando para quitarnos la casa. A muchos abuelos, que han muerto sin ver justicia, este sujeto les sacaba la casa por dos pesos. Así hizo galpones en toda una cuadra”.
El del “Rey del corte” fue un caso paradigmático del rubro desarmaderos de autos. A principios de 2002, una cámara oculta de Telenoche grabó a Fernández diciendo: “Yo soy el rey del corte”, y sirvió para que se encontraran en un punto algunas investigaciones judiciales y policiales dispersas que venían sondeando el circuito de la compraventa ilegal de autopartes en el conurbano sur.
“Un desarmadero es cuando un señor actúa, con complicidad política y de los jefes policiales, para tener levantadores, que son los pibes que por dos mangos te buscan un auto, para cortarlo y de ese auto hacer un montón de partes”, explica Valiente de Melo entrevistada en la revista de la obra del padre Cajade. “Elvio Fernández tenía la impunidad de ya ni siquiera usar autos viejos: usaba los 0km importados. Los reducía en 15 minutos. Las partes valían cualquier plata comprándolas por derecha, mientras en un desarmadero tienen un valor menor. Pero es al costo de lo que sea: por el auto te matan. Hoy, en una comisaría de Avellaneda, un desarmadero deja $4.000 por semana. De eso se trata. Los Elvios Fernández pagan una cuota para tener impunidad. Y sirve para la caja negra, que llega a varios lugares, desde la comisaría, las departamentales, el ministerio y la Gobernación”.
Según cuenta en el número de agosto de La Pulseada, los desarmaderos actúan con plena complicidad policial. “La Policía siempre se acercó a los galpones. Es imposible decir que era ajena a los desarmaderos porque era monstruoso lo que había ahí, y desfilaban continuamente jefes policiales, varios patrulleros, las brigadas de todos lados, autos con patente diplomática, políticos de la zona”.
En 1993, Cristina Valiente de Melo se convirtió en testigo de una investigación judicial sobre los galpones desarmaderos donde personajes como El Rey apelotonaban capots, cubiertas, paragolpes, asientos, cajas de cambios, motores y demás partes de coches robados a cualquier costo. “Declaramos y pensamos que ya estaba”, recuerda Cristina. Pero entonces empezó la pesadilla que intenta denunciar públicamente acampando frente a la Gobernación, lo que motivó el diálogo con La Pulseada.
“El responsable político de todo esto es Daniel Scioli, que en la campaña dijo que luchaba contra los desarmaderos de autos. Si nos pasa algo, tendrá que explicar por qué dejó que pasara. Por qué, aparte de estos 16 años, nos tuvo abandonados acá. A cada rato lo invito por megáfono a que venga, que debatamos. Yo sé un montón de desarmaderos. Aprendí mucho. Otros gobernadores nos recibieron. Nunca llegamos a esta instancia y a este silencio”, asegura.
El procesamiento de Elvio Fernández por asociación ilícita es parte de una megacausa complicada, que data de fines de los ’90 y tramita en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora (Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 y Fiscalía de Juicio N° 8). Según Alberto Palacios, titular del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV), que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la causa llegó a tener cien imputados, pero se fue desgranando mediante juicios abreviados y hoy quedan veinte. El juicio no tiene fecha.
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