PROMO LA PULSEADA DE ABRIL

agosto 05, 2009

Denuncian un sistema de exterminio en las cárceles bonaerenses

El nuevo informe del Comité contra la Tortura, que se presentará mañana en La Plata, es lapidario con la política penal y de seguridad del gobierno provincial, que incumple sistemáticamente preceptos básicos de la Constitución Nacional. La Pulseada publicó en su última edición un amplio informe de tapa que adelanta las principales denuncias.

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Roberto Cipriano, coordinador del Comité contra la Tortura

Mañana a las 18, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentará públicamente su Informe Anual 2009 sobre violaciones a los derechos humanos en ocurridas en cárceles, comisarías e institutos de menores provinciales, adelantado en la última edición de la revista La Pulseada. El cuarto informe sobre violaciones a los derechos humanos en lugares de detención producido por la institución ratifica que “la tortura continúa siendo una práctica sistemática en las cárceles provinciales, contra la que no se han efectivizado medidas conducentes a erradicarla o mitigarla. La picana eléctrica, el submarino seco, los palazos, las golpizas, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, los pata-pata, el aislamiento como castigo, las prácticas médicas, constituyen un muestrario de la barbarie que en muchos casos constituye ‘pena de muerte’ para las personas detenidas”, según puede leerse en el capítulo de torturas y tratos crueles del informe que fue adelantado en exclusiva en la edición de agosto de La Pulseada.
“Habría que preguntarnos cuándo dejamos de cumplir con la Constitución Nacional”, interpela el coordinador del Comité, Roberto Cipriano García, entrevistado en el informe de la revista del Hogar del padre Cajade, sobre la trama del exterminio en las cárceles bonaerenses. “Es decir, cuándo decidimos que la Constitución Nacional no era la ley aplicable. Sí la reclamamos para otros aspectos de la vida en sociedad pero no para éste, ¿no? Porque el sentido de la cárcel de resocialización, de reinserción, está más que escrito en las constituciones nacional y provinciales, en la ley de ejecución. No sé si alguna vez, en este país que estuvo signado por la dictadura, la cárcel cumplió esa función”. El criminólogo Elías Neuman, autor de varios libros sobre el tema, tiene una respuesta, que dio en noviembre de 2005 en diálogo con La Pulseada: “la readaptación social del delincuente nunca se llevó a cabo. Cuando se habla de la readaptación se da por sobreentendido que todos sabemos a lo que aludimos, pero nunca tuvo una definición, ni siquiera descriptiva. Y personalmente, en 40 años de profesión, nunca supe de nadie que se haya readaptado gracias al sistema. Puede que se readapten por tener una familia muy fuerte... Pero el tratamiento... ¿cómo vamos a hablar de tratamiento sino existe el trato? Lo que existe es el maltrato”.

Las cárceles de la miseria
La aplicación judicial de la prisión preventiva como primer recurso, ha generado un aumento exponencial de los presos. El 78% de los 28.322 reclusos en cárceles y comisarías cumplen esta medida. Es decir, continúan siendo inocentes porque no se demostró lo contrario. “La Justicia tiene una mirada sesgada y clasista sobre la cárcel: son pobres, morochos y peligrosos”, afirma el coordinador del Comité en La Pulseada.
El promedio de detención en la provincia es de tres años y medio. Y las estadísticas indican que uno de cada cuatro reclusos, cuando llegue a juicio, resultará absuelto. “Hoy tienen 5.000 tipos detenidos que son inocentes y se van a ‘comer’ tres años gratis”, completa Cipriano. El Poder Judicial no sólo ha naturalizado el abandono y la violencia estructural en las penitenciarías, sino que muchas veces es decisivo para garantizarle la impunidad a sus agentes.
Una base de datos construida por esa área de trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria, que acopia 11.000 expedientes con denuncias contra fuerzas de seguridad que se iniciaron entre 2000 y 2008, muestra que el 60% de esas causas está en trámite, mientras que el 37% ha sido archivado. En un 2% de las causas se ha dictado la desestimación, el sobreseimiento o la incompetencia, mientras que sólo el 1% restante ha sido elevado a juicio. La complicidad intrasistemática opera con otros mecanismos más sutiles: del 77% de esas 11.000 causas, aunque se investiguen los mismos delitos (golpes, traslados, desatención médica, etc.), unas 8.350 han sido caratuladas como “apremios ilegales”, mientras que sólo ocho fueron rotuladas como “tortura”. La distinta tipificación implica una ínfima diferencia: los apremios prevén una pena de 1 a 5 años y son excarcelables. Para la tortura, en cambio, se establecen penas de 8 a 25 años que no permiten la excarcelación del imputado.
Mientras tanto, el nuevo informe del Comité contra la Tortura revela que la efectividad exterminadora del sistema se ha intensificado: en 2008, murieron en cárceles bonaerenses dos presos por semana, se reprimió con balas de goma más de cuatro veces por día, y se aplicó picana eléctrica, submarino seco y mojado, y otros vejámenes calcados de la dictadura. No hay por ellos ni un sólo penitenciario condenado.
La presentación del informe se realizará mañana (jueves 6) a las 18 horas en el Colegio de Abogados de La Plata (calle 13 e/ 48 y 49 de La Plata). Participarán del panel el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Leonardo Franco la profesora-investigadora de la Universidad de Puebla Pilar Calveiro, el coordinador del Comité contra la Tortura Roberto Cipriano García y los co-presidentes de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón.
El informe titulado El Sistema de la Crueldad IV está estructurado en tres grandes partes: políticas penitenciarias y situación carcelaria; políticas de niñez y adolescencia y situación en los institutos de menores; políticas de seguridad y situación de comisarías. Un último capítulo se ocupa de hacer un balance sobre la implementación del Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura. El diagnóstico, en todos los casos, se hizo desde el prisma de la corresponsabilidad de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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